Recientemente, el Departamento del Tesoro de EE. UU. ha implementado para este año (2024) la Ley de Transparencia Empresarial, conocida como The Corporate Transparency Act. Esta ley establece nuevos requisitos de información sobre las corporaciones y sus beneficiarios finales, tanto para las que se incorporaron antes del 1ro. de enero del 2024, como las que se incorporen a partir de este año.
Esta ley determina que los beneficiarios finales son tanto las personas que ejercen un control sustancial sobre una compañía, como aquellas que controlan y/o poseen al menos un 25% de sus acciones. Considero fundamental transmitirles esta información junto con los requisitos para su correcto cumplimiento.
Los informes requeridos por el FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network - Red de Control de Delitos Financieros) del Departamento del Tesoro de EE. UU. son presentaciones complejas que requieren que las empresas proporcionen información detallada y confidencial sobre si mismas y sus beneficiarios finales.
Es importante tener en cuenta que el no cumplimiento de esta ley puede conllevar severas multas y penalizaciones. Por lo tanto, es crucial cumplir con los plazos establecidos para evitar posibles sanciones financieras y legales.
Esperamos que esta información sea útil para tu(s) empresa(s) y reiteramos que estamos aquí para brindarte el apoyo necesario en el cumplimiento de estos requisitos.
En la siguiente figura puedes ver si tu(s) empresa(s) debe(n) o no informar:
Fuente FinCen.
Se tienen excepciones que se sumarizan en la siguiente tabala proporcionada por el FinCen:
Fuente FinCen.
La FinCEN emite guías para asegurar que las entidades conozcan su deber de reportar y actualizar la información de sus propiedades. Ofrece protección legal contra sanciones a quienes corrijan errores voluntariamente en los informes dentro de los 90 días siguientes a su reporte.
Sin embargo, si alguien no reporta o actualiza intencionadamente esta información según los requisitos, FinCEN puede imponer sanciones civiles o penales, que pueden incluir multas diarias de $500 o penas de prisión de hasta dos años y multas de $10,000. Además, los altos directivos pueden ser responsables personalmente de estos incumplimientos.
La información de propiedad falsa o fraudulenta también acarrea sanciones, como identificaciones falsificadas.
Fuente FinCen.
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